Por Francisco Tete Romero*

El lunes 5 de junio se presentó en la Comisión de Cultura del Congreso el anteproyecto de Ley Federal de las Culturas, una iniciativa de la sociedad civil, a través del Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas, colectivo cultural plural y diverso.

Dicho proyecto es el fruto de un proceso de 46 Foros de Elaboración Participativa a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Su marco legal lo constituyó el Decreto 1172/03 que regula la elaboración participativa de las normas. Durante los foros mencionados, participaron más de 12 mil personas y más de 2 mil organizaciones y expositivos. Los mismos se extendieron por seis meses, hasta el 30 de abril de 2015.

– ¿Por qué es necesaria hoy una Ley Federal de las Culturas?

Esa es la pregunta que nos hicimos en un principio y la que nos debemos hacer hoy. La respuesta es clara y sencilla: porque no tenemos ninguna legislación nacional que defina a las culturas como derechos humanos inalienables, que consagre los derechos culturales de todos los habitantes de la República Argentina y al Estado como el garante indelegable de tales derechos. Porque tenemos un archipiélago de leyes específicas –muy buenas, como las pensadas para el Teatro y las Artes Audiovisuales- pero no la definición y organicidad de un gobierno de las culturas participativo que por un lado ordene y por otro descentralice –federalizar es democratizar- las políticas públicas federales para el desarrollo de las culturas en términos de reconocimiento y ampliación de los derechos culturales en todo el vasto territorio argentino. Porque dicha ley debe fijar el financiamiento digno de tales políticas y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de las culturas. Porque la concebimos como una ley marco que exprese como horizonte amplio de sentido el contrato social de nuestros modos de vida comunitarios. Porque se trata de un proyecto cultural soberano de Nación. Por eso la forma en que se originó y desarrolló: desde la asunción del decreto 1172/03 (el que regula la elaboración participativa de las normas) como instrumento normativo, la convirtió y presenta como un proyecto de ley hijo del debate y la construcción del consenso de las amplias diversidades políticas, sociales, culturales, étnicas y de género que constituyen la trama polifónica de la Argentina. No es una ley de escritorio, sino de las múltiples voces que representan la pluralidad de pensamiento. Y porque hoy esos derechos están siendo avasallados. En consecuencia, debatir un proyecto cultural es debatir la clase de Nación que queremos y necesitamos ser.

 

– ¿Cómo sería el financiamiento?

Esa es la llave maestra para definir la seriedad de todo proyecto. En nuestro caso, surgieron por decisión unánime de todos los foros, dos artículos específicos: el 31, que establece que el financiamiento deberá ser no inferior al 1 por ciento anual del presupuesto nacional, tal como lo recomienda la UNESCO (hoy apenas alcanza el 0,2 por ciento) y que el Ministerio de Cultura de la Nación administrará los recursos destinados al financiamiento de las políticas públicas culturales con sentido y alcance federal. Y el artículo 32, que destina el 1 por ciento del presupuesto total de la inversión cultural como mínimo para el desarrollo de las culturas autogestivas, comunitarias, cooperativas e independientes. El artículo 33 plantea además que el presupuesto cultural para las políticas públicas federales, tendrá como compromiso de contraparte de cada jurisdicción la planificación e inversión en la formación artística cultural, técnica profesional y de gestión y promoción cultural de sus trabajadores de las culturas, así como también la inversión prioritaria en un cincuenta (50) por ciento de artistas y trabajadores de las culturas de sus jurisdicciones en la realización de eventos concernientes a los distintos lenguajes artísticos y manifestaciones culturales, con el objeto del desarrollo y promoción de las políticas públicas federales en toda la República Argentina.

– ¿A qué tipos de gobierno de la cultura habilita a nivel nacional y provincial proyecto?

Buscamos su mayor democratización y federalización. El proyecto de ley establece la existencia de un Consejo Federal de las Culturas –que existe de hecho, pero sin misiones y funciones establecidas por ley-, integrado por las autoridades culturales de todas las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nosotros incorporamos también, en carácter de observador a la CGT, por pedido expreso suyo. Y además un Consejo Cultural, un organismo consultivo, de carácter no vinculante, representativo de los colectivos y organizaciones nacionales de los artistas y trabajadores de la cultura. Su composición es fruto del consenso al que llegamos con dichas representaciones.

El plan estratégico –anual, bianual o quinquenal- para el desarrollo de las culturas y los derechos culturales vía políticas públicas deberá ser discutido y elaborado, entonces, en el marco de los debates plurales y federales que promuevan los dos Consejos como Gobiernos de las Culturales integrados a la vida institucional del Ministerio nacional. Dicho de otra manera, es necesario planificar a corto, mediano y largo plazo la dirección y el sentido del financiamiento como inversión estratégica para pensar a la Argentina desde las culturales y que tal planificación sea democrática, participativa y federal.

 

– ¿Por qué “culturas” en plural?

Para descolonizar nuestro pensamiento y lenguaje, para no mirar al otro, a los otros desde una única tradición, para internalizar en serio la alteridad. Porque el concepto de cultura en plural permite identificar a la diversidad cultural, lingüística, étnica y de género como la urdimbre polifónica constitutiva de las sociedades en general y del cultivo de la identidad cultural de la Argentina en particular.

Sólo a partir del reconocimiento de esta diversidad que nos constituye como Nación, es posible pensar en la plena vigencia de los derechos culturales de todos los habitantes de la República Argentina. Porque el derecho social a las culturas implica garantizar el acceso universal y, en consecuencia, procesos de democratización de la producción y distribución de los bienes culturales.

Las culturas son patrimonios colectivos en tanto productos del trabajo humano acumulado a lo largo de la historia. Por eso los trabajadores y trabajadoras son sus genuinos hacedores productores materiales y simbólicos.

Las culturas son los modos de vida de una sociedad, sus narrativas, saberes, y prácticas a través de las cuales se configuran sus subjetividades e identidades. Son entonces los sentidos que les damos a nuestros modos de vida comunitaria. Las maneras de comportarnos, relacionarnos, de percibirnos a nosotros mismos y al mundo, de indagar y replantear las relaciones humanas, tanto sociales como económicas y políticas.

Si pensamos que existen más de treinta lenguas de pueblos originarios en la Argentina y una riqueza y variedad de tradiciones culturales fruto del mestizaje entre los originarios, las múltiples corrientes inmigrantes, los migrantes de los países sudamericanos hermanos, lo afro, entonces hoy más que nunca debemos asumir a la diversidad cultural como riqueza, como antídoto vital emancipador ante tanta xenofobia y renovados brotes de racismo, discriminación y machismo en buena parte del mundo.

No quiero dejar de mencionar a Horacio González, autor de los estupendos fundamentos que son el umbral conceptual del proyecto de ley.

Hace un par de horas un viejo conocido me escribe “¿justo ahora lo van a presentar?”. Recordé entonces la frase entrañable de Macedonio Fernández: “Hay que emanciparse de lo imposible, de todo aquello que nos dijeron que no existía y peor aún, que no se debía buscar”.

 

*Francisco Tete Romero. Escritor, docente y editor. Director Académico del Instituto de Educación Superior de la Fundación Mempo Giardinelli, Director de la Editorial Contexto e Integrante del equipo docente de la Diplomatura en Gestión y Promoción de los Derechos Culturales, organizada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el Centro Cultural de Cooperación “Floreal Gorini”. Integrante del Manifiesto Argentino.