El MANIFIESTO ARGENTINO

Capitulo Provincia de Buenos Aires

El gobierno de la provincia de buenos aires es clave en la estafa política a los ciudadanos por parte del macrismo y Cambiemos. También lo es en su entramado de poder para aplicar las políticas neoliberales en el poder. Son parte sustancial del gobierno de las corporaciones y de los exponentes de la vieja patria contratista que llega al gobierno para vampirizar al Estado, para favorecer a sus empresas y capitalistas amigos.
Vidal es Macri. Los contornos de su esquema de poder se basan en el disciplinamiento sobre la base de la utilización arbitraria del presupuesto provincial, el reparto en combinación con el gobierno nacional de recursos y obras públicas, la cooptación o partidización oficialista de la justicia , la amenaza sobre los trabajadores organizados y a los sindicatos, un gigantesco aparato propagandístico y publicitario en asociación con los medios hegemónicos , y una profundización del control represivo por presencia o represión contra los crecientes sectores excluidos y sobre todo contra los jóvenes en las barriadas populares, en la salidas de los boliches y alrededor de las escuelas.
Esta asociación de gobierno nacional y provincial es la que ha llevado a la catástrofe social que vive una parte importante de nuestro pueblo. Y produce una grieta social profunda entre los grandes poseedores de las tierras, el capital financiero y bancario, las grandes corporaciones y las empresas de servicios públicos privatizadas, por un lado y por el otro; los trabajadores, los productores, los chacareros, los empresarios, los profesionales, los jóvenes y estudiantes, los niñas y niños pobres de nuestra provincia. De una parte de la grieta social se encuentran los poderosos quienes profundizan la baja de retenciones, la transferencia de riqueza regresiva a su favor, la devaluación que beneficia a los exportadores, del otro lado el aumento de las tarifas públicas, el achicamiento del salario, el cierre de empresas y los despidos, el crecimiento del hambre, la amenaza a los que protestan, las campañas de difamación para los que no se arrodillan, la represión en las barriadas y en particular a los jóvenes.

La producción nacional de Buenos Aires víctima de las políticas de Macri-Vidal

En noviembre de 2016, la producción de las pymes industriales encadenó 14 meses consecutivos de caída y retrocedió 5,5%, con lo cual acumuló en los primeros once meses del año pasado un derrumbe del 5,2%, durante el primer cuatrimestre de este año acumula una caída de 3,4% según los datos de la Encuesta Mensual Industrial realizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El Plan Productivo Nacional que presentó el Gobierno no plantea qué sectores es necesario promover por sus encadenamientos endógenos, su capacidad de generar empleo de calidad y divisas. Por ahora, predomina la apertura y la destrucción de lo existente.
El gobierno nacional en su anunciado “Plan Productivo Nacional” plantea como estrategia el caso de Australia, destacando sus experiencias de apertura gradual y reconversión productiva. La realidad muestra a las empresas fabricantes de bienes de capital cayendo en su actividad y con enormes dificultades para mantener la planta de personal
Según las organizaciones de pymes el balance es que más de 30.000 comercios y pymes cerraron sus puertas. Las que lograron subsistir a la recesión planificada por la Alianza Cambiemos experimentaron durante 2016 una caída de su producción que varía en el rango de 5 al 8%. Si se toman en cuenta que el sector concentra el 80% del empleo y aporta el 40% del Producto Bruto Interno se ve a las claras la gravedad de la situación económica y la catástrofe social que se impulsa.
Otro golpe importante para los comercios minoristas es el sistema de “Precios Transparentes” que acaba de implementar el Gobierno, con el cual dejan de existir de hecho los programas de cuotas sin interés “Ahora 12” y “Ahora 18”. Ahora los consumidores deberán pagar un costo financiero de entre el 27 y el 30%, respectivamente.
Esas políticas han tenido un duro impacto en la Provincia de Buenos Aires, este modelo de agresión a la industria nacional y agroexportador basado en la exportación de commodities sin o poco valor agregado, produce una provincia profundamente desigual. Los llamados brotes verdes o los discursos basados en la promesa de un futuro mejor que siempre está en el semestre siguiente, pueden copar los escenarios y los títulos de los diarios, pero no varían la dura realidad productiva manufacturera de la provincia. Las altas tasas ahogan a las pymes y a los empresarios nacionales.
Siendo Brasil el destino principal de las exportaciones (40%) la crisis política y económica del vecino país trae aparejado mayor incertidumbre a la producción industrial bonaerense. Y muestra a las claras que la nueva oleada neoliberal en la región produce una crisis regional y un empobrecimiento generalizado, que solo la unidad regional y latinoamericana en base a proyectos de desarrollo, integración y de conformación de un bloque regional puede producir la sinergia necesaria para no aceptar las reglas económicas, productivas y financieras que nos imponen los países centrales, los organismos multilaterales de crédito, y el capitalismo salvaje.
El gobierno de Vidal viene acompañando las políticas centrales del ejecutivo nacional, no toma medidas para la protección de la industria, con lo cual promueve la caída del empleo en blanco, y el informal que en la provincia ronda el 40%. Planifican un ajuste pos elecciones con lo cual provocaran un achicamiento mayor del mercado interno y por lo tanto una nueva ronda regresiva sobres las pymes y las empresas nacionales.
El aumento sostenido de las tarifas golpea en las pymes en la línea de flotación, convirtiendo en inviables a muchas de ellas. Y en las empresas nacionales y las pymes del sector industrial el impacto de esos tarifazos incide directamente en los costos locales, que compiten con los productos importados que se ven “abaratados”. A esto hay que sumarle el aumento de peajes y el aumento del combustible que impacta en el transporte, que para una provincia tan extensa eleva notablemente los costos.
Asi la política de la Gobernadora Vidal es integrante de estas políticas destructivas del neoliberalismo y de la Alianza Cambiemos. No solo sostiene en votos al ejecutivo nacional como relatan los medios hegemónicos asociados al mismo, sino que lleva adelante el mismo plan.

El trabajo y el modelo neoliberal y la desocupación como disciplinador social

La desocupación creciente en la provincia es parte de la estrategia de disciplinamiento de los trabajadores. Actúa hacia los que perdieron el trabajo y como amenaza a los que lo tienen para lograr avanzar en la flexibilización laboral, en la aceptación de paritarias a la baja del salario real. La hostilidad hacia los gremios estatales, las provocaciones en las propuestas salariales que hacen solo pueden ser entendidas en el plan integral de ajustar el gasto público a costa de los empleados, y reducir el salario real de todos los trabajadores públicos y privados, en blanco y en negro, en beneficio de los grandes empresarios.
La decisión de no pagar los días de paro a los trabajadores docentes y el “premio” a los que no paran, apunta a vulnerar y si pudieran desconocer, el derecho constitucional de los trabajadores a la huelga. No solo son autoritarios, sino la expresión política del capitalismo salvaje que quisiera que los trabajadores perdieran el derecho a la protesta. El no pago de los días de apura es chantajear al trabajador/a con sus hijos, con su familia, con la dificultad de parar la olla. Ellos, no solo no son el futuro, sino que atrasan un siglo.
Junta a la desocupación y la amenaza de perder el trabajo, el achicamiento del mercado interno, el cierre parcial o total de empresas, los tarifazos y la inflación descontrolada, son las razones evidentes del crecimiento de la pobreza, la indigencia y la reaparición del hambre, marcan la cara más cruel del proyecto Vidal-Macri. Todas las mediciones comparadas, tanto las del Indec como las de la UCA, marcan un crecimiento. Para el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) durante el primer año de gobierno la pobreza salto 4 puntos porcentuales situándose en el 32,6% y la indigencia en el 6,9 en el país, y el Indec durante el primer año de gobierno de Vidal que también sitúa a la pobreza en la provincia de Buenos Aires en 34,6% y la indigencia en 7,5%.
Ya estamos en una catástrofe social, pero la tendencia de mantenerse estas políticas es al agravamiento. Y si tomamos en cuenta las decisiones anunciadas por el gobierno y los medios de comunicación asociados después de las elecciones planifican un gran ajuste, achicamiento del gasto público, y más perdidas de fuentes de trabajo la situación es gravísima.

La educación pública y los trabajadores bajo ataque

La mayoría de los despidos en blanco, y los despidos de trabajadores en negro sucedieron en Buenos Aires. En ese marco de presión que significa la desocupación para los trabajadores que aún mantienen sus puestos, el Gobierno de Macri, el Ministro de Educación Esteban Bullrich y la gobernadora María Eugenia Vidal decidieron darle un escarmiento al movimiento obrero en el cuerpo de los docentes provinciales. Por meses prepararon su estrategia de agresión, victimización del gobierno, y propaganda negativa sobre la dirigencia sindical. No fue un juego de reacción y contra-reacción, sino una planificación meditada por el ejecutivo nacional y provincial.
En la Provincia de Buenos Aires de llevaron a cabo 32 días de huelga con infinidad de asambleas en las escuelas, de las que participaron alumnos, padres y docentes, innumerables clases públicas, asambleas sindicales, festivales solidarios y movilizaciones.
La protesta docente, que no contó con el acompañamiento de toda la CGT y si de las CTA quedará en la historia de la resistencia del Pueblo Argentino como uno de sus hitos. Prueba de ello fue la increíble Marcha Federal del día 22 de marzo a Plaza de Mayo como culminación de otras importantes movilizaciones tanto en CABA, como en La Plata y otras provincias.
El gremio docente, incluso con dirigentes de distintas visiones políticas, se animó a hacer lo que otros no hicieron. Aún, aquellos gremios más castigados que sufrieron despidos y suspensiones masivas.
El guardapolvo blanco y el “yo apoyo a los docentes” abrazado por tantos argentinos quedará “guardado en la memoria”, y sigue siendo el ejemplo del camino a seguir porque la lucha continúa.
Junto al escarmiento va quedando más visible el proyecto educativo de Macri-Bullrich-Vidal. y su Ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.
La promulgación de la Ley de Educación Nacional 26206 en 2006 y de la Ley 13688 Provincial de Educación en 2007, fue el triunfo de los docentes, de la comunidad educativa y de todos los que durante 15 años luchamos contra la política educativa neoliberal. Más de tres millones de personas de distintas regiones bonaerenses participaron y opinaron sobre los contenidos de las leyes, a través de la consulta que se realizó durante esos años. En ambas se consagra a la educación y al conocimiento como bienes públicos y derechos personales y sociales garantizados por el Estado.
En apenas un año y medio, al compás del desastre económico y social que sufre el país, han logrado dañar y deteriorar buena parte de los avances conseguidos por la Escuela Pública bonaerense hasta entonces.
Buena parte de las políticas educativas y culturales implementadas financiadas desde el Gobierno Nacional anterior y que tenían un efecto directo en la provincia de Buenos Aires, fueron achicadas, vaciadas o desmanteladas: Plan FINES, CAI, CAJ, Orquestas infanto juveniles, Programa de Capacitación y actualización docente universal y gratuito ¨Nuestra Escuela¨, entrega de millones de libros y equipamientos de todo tipo, construcción y ampliación de edificios escolares e incremento de Plantas Funcionales.
La Educación se encamina como en los años ’90 a una provincialización con cada vez menos fondos. Cada provincia debe decidir si quiere y puede mantener o implementar algún programa y fija la política salarial de acuerdo a sus posibilidades. Pero esto choca con la Ley de Educación Nacional que establece como indelegables las atribuciones del Estado Nacional: la instrumentación de planes, estrategias y salarios que promuevan la igualdad para todos los alumnos y docentes de la Nación Argentina. Entre otras cuestiones por esto se lanza el denominado Plan Maestro como Proyecto de Ley, que partiendo de la falacia de una crisis educativa solapadamente pretende destruir los principios que por décadas sustentaron a la educación pública: ciudadanía democrática, identidad nacional, respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecimiento del desarrollo económico-social de la Nación.
El modelo educativo que pregonan es coherente con su visión ideológico dogmática y su mirada desde el mostrador de las grandes corporaciones. En ese camino piensan en mercantilizar la educación que, en lugar de ser igualadora y promotora del ascenso social, se convierta en la consolidación de la desigualdad. Destruir así lo que sobrevive del sistema único nacional de educación. No quieren la escuela pública de los docentes que luchan porque también es la escuela de la memoria y de las historias de rebeldías de nuestro pueblo. Contrario a esto y tras el discurso de la promoción de una escuela de calidad, lo que en realidad promueven es dos tipos de escuelas: una mayoritaria de la ignorancia científico-social para los pobres, los trabajadores y las clases medias y otra de la elite.
Ejemplo de lugar que para ellos tiene la escuela es que, en la provincia de Buenos Aires, el salario docente perdió entre un 8 y un 10% de su poder adquisitivo en el año 2016 y, en el mejor de los casos, perderá otro 6% al finalizar este año.
El presupuesto para educación disminuyó este año al menos un 3%.
Los comedores escolares bonaerenses que casi habían desaparecido hacia el año 2015, hoy se ven abarrotados y en muchos casos tienen lista de espera. La provincia asigna $12 por alumno. Pareciera haber niños con más y menos hambre ya que, en la Ciudad de Buenos Aires, son $47 por niño.
Un acta acuerdo dio inicio a la implementación de la administración del Servicio Alimentario Escolar (SAE), por la órbita municipal: 12 municipios en una primera etapa.
El gobierno provincial sostiene que la administración por parte de los municipios ¨mejorará las condiciones de los comedores escolares¨ para él un millón seiscientos mil niños que diariamente se alimentan en las escuelas de la PBA. Según los sindicatos que concentran a la mayor parte de los auxiliares cocineros y ayudantes de cocina, esta modificación tiene por objeto la privatización y tercerización del servicio, lo cual impactaría en los derechos laborales y estabilidad del Personal auxiliar rompiendo con aspectos tradicionalmente pedagógicos que acompañan a los momentos de desayuno, merienda y almuerzo.

Seguridad, derechos humanos y estado policial

Todos los partidos políticos, los vecinos, las organizaciones y el gobierno saben que la problemática de la seguridad está al tope de los reclamos de los habitantes de nuestra provincia. El gobierno de Vidal se presentó como quien iba a modificar el modelo anterior de seguridad pública y llevar adelante una transformación que implicaría una policía mas transparente y la lucha contra las mafias enquistadas en esa zona gris de política, policías y delito.
Pasados más 18 meses de gobierno macrista, el modelo no se ha cambiado sino se ha profundizado. La clave de la seguridad provincial es la saturación de fuerzas en el territorio. Ya superan los 100.000 miembros siendo la fuerza policial más importante por tamaño del país.
Esas fuerzas en el territorio son autónomas del poder político, regulan el delito y establecen formas de complicidad con el mismo. No están profesionalizadas, y el reclutamiento masivo y la baja preparación inciden en la falta de idoneidad para cumplir el cometido que dice la ley y los discursos de los políticos oportunistas.
La demagogia punitiva sigue siendo la orientación básica tanto desde el oficialismo como desde sectores colaboracionistas de la oposición. Piensan lograr votos apelando al miedo de la sociedad y en la falsa creencia que más policías trae aparejado automáticamente más seguridad. Los casos judiciales resonantes de estos meses muestran con claridad lo que sostenemos una policía vinculada a la recaudación ilegal, y a zonas de connivencia con el delito significa más delito, más indefensión para los ciudadanos.
Se mantiene una forma de actuación basada en respuestas mediáticas y efectistas tras un delito resonante o con hechos criminales donde están vinculados policías. La práctica principal es endurecer los códigos procesales y las excarcelaciones en particular mintiendo a sabiendas a nuestros co-provincianos que con eso se mejora la seguridad ciudadana.
El modelo de Vidal-Ritondo pone en indefensión a las niñas y niños especialmente del conurbano bonaerense. A la defección en la aplicación de las políticas de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, se suma la persecución y presión policial en las barriadas populares, a las salidas de los boliches bailables. Una represión invisible para los grandes medios hegemónicos recorre la provincia.
La propaganda oficialista trata de aparecer como víctima en una tensión entre mafias y su “deseo” reformista. Sin embargo, utilizan las purgas y los cambios de jefes policiales cuando ya se conocen los delitos de los cuales se los acusan y como taparrabos de las reformas reales que no se llevan a cabo. Todos los que han trabajado en los temas de seguridad comunitaria, o en el control de las fuerzas de seguridad saben que cambiar o echar a un jefe, separar a tal o cual núcleo de policías es fácil y tiene un costo menor, lo importante y difícil es cambiar el modelo de seguridad, transformar democráticamente a las fuerzas, asumir el comando político de la misma y terminar con la delegación en las policías del problema de la política criminal.
Nuestra propuesta se basa en cambiar el paradigma de la investigación criminal de la provincia, comenzando por la implementación de la policial Judicial (ley 14424) que fue ampliamente debatida en toda la provincia por foros populares, la cual crea un moderno cuerpo de investigadores conducidos desde Procuración General de la Suprema Corte de Justicia. Que permitiría con idoneidad, eficacia y transparencia investigar los delitos complejos, los realizados por funcionarios públicos, incluidos policías.
Transformación democrática de las policías, tanto de la bonaerense, como de las locales otorgando la conducción política plena a los intendentes, con los presupuestos necesarios para hacerlas viables. Control ciudadano en cada nivel provincial, regional y municipal, a través de formas de participación que no se conviertan en los clubes de amigos del comisario. Proponemos discutir un modelo que en cada Municipio haya un Comisionado elegido por elecciones por fuera de las elecciones de partido, con aprobación de los Concejos deliberantes de un programa de actuación de la fuerza policial local con control de la ciudadanía.
El viejo paradigma conservador que se arrastra desde hace años, por más discursos modernistas que se hagan, se está profundizando en la gestión de Vidal Ritondo, se muestra ineficaz para la prevención, persecución e investigación del delito. Concentrado en la persecución de los eslabones más débiles de las cadenas delictivas y de los mercados ilegales solo busca mostrar estadísticas en el escenario mediático, no baja el delito, sino que por el contrario lo administra. El modelo conlleva a formas de corrupción policial y política como forma de funcionamiento que no se soluciona con purgas sino cambiando el paradigma de seguridad.

Salud para algunos y, en deterioro

El Presupuesto 2016 de la provincia destina 22.544.682.600 pesos para el Ministerio de Salud. Eso incluye los 77 hospitales, 15 Unidades de Pronta Atención (UPA) y 184 Centros de Prevención y Atención de Adicciones (CPA). Comparativamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un presupuesto similar (22.838.135.479 pesos) para sus 33 hospitales (menos de la mitad). En el caso de la Provincia, el presupuesto en Salud representa el 6,3% del total; en la Ciudad, es el 20 por ciento.
La cobertura está muy diversificada: el sector público tiene centros de salud que no funcionan bien; hay una obra social, el IOMA, muy mal administrada y que en la actualidad responde más a lo que pretenden los prestadores que a una lógica de gobierno y, durante 2016 han dejado a muchos adherentes obligatorios ( docentes, etc) sin la cobertura en estudios y diagnósticos de rutina. Desde la Dirección Provincial de Hospitales hicieron un relevamiento del personal: señalando que hay 53 mil personas trabajando en el sistema sanitario provincial a las que se tendrían que incorporar al menos otras tres mil: unos 300 profesionales son urgentes para reabrir servicios de neonatología y guardias. Además, en lo que va de un año de gestión Vidal, llegaron a la conclusión de que más del 80 % de los hospitales requieren fuerte inversión en infraestructura.
Pese a estas urgencias el Ministerio de Salud actual antes, se tomará ¨su tiempo¨ para revisar los contratos actuales del Personal porque, según piensa la nueva gestión, “se han naturalizado prácticas como el ausentismo, el incumplimiento de horas y el pago de guardias a personas que no están dentro del sistema” (¿?).
Además, a la gestión Vidal, le preocupa la violencia en los hospitales por lo que ya anunciaron que tienen en marcha un plan que incluye policías, cámaras y botones de pánico. Concluimos que, militarizando los hospitales nunca se solucionó nada, por la sencilla razón que la violencia en los hospitales y centros de salud está estrechamente ligada a la falta de respuesta y a lo expulsivo del sistema público y no es un problema en el que deba opinar el Ministerio de Seguridad.
La respuesta debe ser hospitales equipados, personal suficiente e insumos necesarios; que el público tenga acceso a estudios de alta complejidad en tiempo y forma no teniendo que esperar meses para una cirugía programada. Todo esto remite a mayor presupuesto en Salud. Sin embargo, el presupuesto votado por Cambiemos con el apoyo del Frente Renovador para este año es el más bajo de los últimos años y se redujo en términos nominales y porcentuales. Los trabajadores de la salud pese a magros salarios son los que vienen dando respuesta con su esfuerzo y dedicación y sosteniendo el sistema ante la falta de respuestas del gobierno. Residentes y profesionales ingresantes no llegan a cubrir la canasta familiar que ellos mismos miden.
Los programas de Salud Escolar implementados desde algunos municipios que otrora se coordinaban regionalmente a nivel provincial vienen cayendo en eficiencia a consecuencia de políticas erráticas y desarticulación interministerial.
En 2016 la Gobernadora suspendió la adhesión de la provincia al Protocolo para la protección integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación, justificó tal decisión en virtud de que no se tenía en cuenta la objeción de conciencia y sostuvo que sigue vigente la Resolución Ministerial Nº 3146/12 desarrollada durante la gestión de Daniel Scioli. Sin embargo, esta resolución estableció -en relación a la objeción de conciencia- que cada institución sanitaria provincial debía contar con su propio registro de objeción, por lo que quienes quieran ejercer la objeción tienen desde 2012 la posibilidad de expresarla.
Pero además, cuando la Gobernadora aduce que la provincia de Buenos Aires tiene el mismo protocolo que tenía Scioli, omite que dicho protocolo provincial contiene aspectos que pueden obstaculizar el acceso a la práctica y por ello es insuficiente frente a los estándares establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque: No contempla un procedimiento en casos de desacuerdos entre el profesional y la mujer respecto de la procedencia del aborto; no estipula sanciones en caso de incumplimiento de los deberes impuestos a los profesionales de la salud ni menciona la conservación de la evidencia forense; establece que, en los casos de niñas y adolescentes menores de 18 años, el consentimiento lo debe manifestar el representante legal y ellas dar la confirmación. En caso de que la niña o adolescente concurra sin su representante legal o éste se oponga a la práctica, se deberá dar intervención a los Servicios Locales o Zonales de Promoción y Protección de Derechos, que deberá expedirse en un plazo de 48hs; no reconoce el consentimiento informado de las mujeres con discapacidad intelectual o psico-social.
Por lo expuesto, se está incumpliendo con la obligación de implementar políticas de s alud pública respetuosas de los derechos de las mujeres y niñas, anteponiendo concepciones morales y religiosas personales.

El sistema político, gobernabilidad, colaboracionismo y oposición

La legislatura de la provincia de buenos aires está constituida por 92 diputados de los cuales solo 29 son de Cambiemos, y 46 senadores de los cuales son 16 del oficialismo. Ello marca que la debilidad de la oposición en la provincia no se encuentra en los números que sobrarían para imponer condiciones contra el ajuste, las políticas anti-trabajadores, o de promoción de políticas de ayuda a las pymes y al empleo.
Las manos libres que ha tenido Vidal para sus políticas (y una gestión muy pobre), ha sido de esa manera debido al funcionamiento de un colaboracionismo vergonzoso por parte de muchos que fueron electos como oposición por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por caso el Frente Renovador como tal (más allá de algunos dirigentes que tuvieron actitud opositora) funcionó como socio del macrismo, llegando muchos de sus miembros a hablar de cogobierno.
Muchos legisladores escondidos bajo las tesis de ser responsables y no aparecer como desestabilizadores unos, y otros por el temor a denuncias y carpetazos, y aprovechándose de la gran invisibilidad que tiene la legislatura para los ciudadanos de la provincia, dejaron que avanzaran las peores políticas, las desprotecciones a los derechos de los bonaerenses, política que acompañaron desde la provincia el ajuste nacional.
El sistema se completó con el chantaje a los intendentes elegidos desde la oposición y que no fueran colaboracionistas. Utilizaron la seducción de las obras publicas y los fondos presupuestarios (la chequera) para intentar domesticarlos, y si no el palo de la persecución mediática a través de sus socios de los medios hegemónicos o el de no dar fondos necesarios, (incluso más necesarios) por la recesión planificada y el achicamiento del mercado interno que impulsaron.
El sistema político tiene una pata judicial, históricamente el acuerdo PJ-UCR, que se repartió los principales lugares de la estructura del llamado Poder Judicial bonaerense. Con discursos de Macri y Vidal sobre la despartidización de la Justicia (“no quiero jueces macristas”) el PRO logró que un hombre de su partido Julio Conte Grand fuera nombrado por el Senado Provincial como Procurador General, es decir el Jefe de los Fiscales y al cual reporta la Policía Judicial. Si se suma a la presión para que renuncien jueces y nombrar militantes en su seno, se ve a las claras el asalto a la justicia. El caso de Conte Grand es paradigmático. Hasta antes de asumir era secretario legal y técnico de la Gobernadora Vidal, el hombre que le cuidaba las espaldas y papeles. Con posiciones contra el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto, encarna posiciones católicas ultraconservadoras ligadas al Opus Dei. (Es como si en el orden nacional en tiempos K se hubiera nombrado como procurador a Carlos Zaninni. ¿Que hubieran sostenido los falsos republicanos?)

La necesidad de una Confluencia Nacional y popular para transformar la provincia de Buenos Aires

La catástrofe social y productiva que empujan las políticas neoliberales a nivel nacional y provincial pone a la provincia de Buenos Aires ante un desafío urgente de transformación, de resistir las políticas de Cambiemos, de modificar la correlación de fuerzas en la legislatura y de preparar el triunfo de un gobierno popular en el 2019.
Vidal es parte de un equipo que gobierna en favor del 1%, perjudica al 80% y castiga particularmente a las clases medias y los trabajadores ocupados y desocupados. Trajo el hambre nuevamente a las barriadas populares, y el estado policíaco para mantener a raya a los que no entran en los beneficios del proyecto neoliberal.
No enfrentamos solo una elección de medio tiempo donde el epicentro son los candidatos sino a un bloque político-social-económico y mediático hegemónico que necesita doblegar las energías y la historia popular de la provincia para llevar adelante las medidas regresivas que impulsan.
Nuestra política apunta a construir una amplia unidad como instrumento de un bloque popular mayoritario. La Confluencia Nacional y Popular que proponemos es en ese sentido una estrategia de conformación de ese bloque popular, de un poder popular democrático y es la tarea de toda una etapa histórica.
Unir, reagrupar a los sectores populares de la provincia exige tener una mirada amplia y pluralista donde cada experiencia, cada identidad es necesaria. Alejados de los sectarismos de variado cuño que muchas veces frustran al movimiento nacional y popular. Las PASO son un instrumento legitimo del proceso de selección de propuestas y candidatos, pero en nuestra mirada el centro, la clave, está en la unidad para enfrentar y derrotar el ajuste y crear las condiciones de una alternativa argentina en nuestra provincia que dé lugar a un nuevo gobierno popular en el 2019.
No hay una provincia más igualitaria, más justa, con mayor y mejor democracia sin un proyecto nacional. Esta convicción nos llevar a ser parte de una mirada popular y federal del país. A hermanarnos con las luchas populares en cada lugar, ciudad, barriada del país. Contamos con la riqueza, los recursos humanos, con las organizaciones e instituciones, con el programa, con los cuadros políticos y estatales para transformar Buenos Aires.

El Manifiesto Argentino Capitulo Provincia de Buenos Aires

Somos un Ideario y un Movimiento político. Un ideario que propone transformaciones profundas del sistema. Y un movimiento que trabaja para construir el poder democrático para lograrlas. Un Movimiento por la Igualdad y la libertad en su sentido más amplio que puede tener lugar en una nueva democracia, basada en el poder y participación democrática del pueblo.
Nuestra propuesta nacional de reformar la constitución hacia una Nueva Constitución, es el camino para generar un umbral común de los argentinos en la gestación de esa nueva democracia, participativa, igualitaria, justa.
Nuestras puertas están abiertas a todos los patriotas que quieran soñar y protagonizar un país más igualitario, más libre, con más democracia y justicia plena. Unimos las mejores tradiciones populares en nuestras filas: peronistas, radicales, socialistas, comunistas, creyentes y no creyentes, obreros y empresarios, profesionales, científicos y estudiantes, chacareros, intelectuales y cuentapropistas.
Somos un Movimiento patriótico, y cuando ella está en peligro, tienen la obligación de actuar, de defenderla y construir en común su futuro. Estamos en un rápido proceso fundacional que está logrando presencia en toda la provincia. Pensamos la política de una convicción transformadora y militantes alejada de las concepciones que la plantean como una carrera en interés propio.
Hay un manifiesto que comienza a discutirse en los locales, en las casas, en lugares de trabajo, hay un manifiesto que se comparte en las redes, que se avisa de boca en boca, que responde a la pregunta ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Hay un manifiesto que levanta una bandera de todos, pero cobija cada bandera de las identidades rebeldes de nuestra historia y presente. Hay un Manifiesto Argentino en nuestra provincia.